El presidente del CAC insta al Gobierno del Estado a trasponer urgentemente la Directiva de servicios de comunicación audiovisual
El presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Roger Loppacher, ha instado al Gobierno del Estado a trasponer urgentemente la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, aprobada por la Unión Europea en noviembre de 2018 y que servirá para regular los servicios televisivos bajo demanda, como por ejemplo Netflix, y las plataformas de intercambio de vídeos, como por ejemplo YouTube. El Estado español y Polonia son los dos únicos países de la Unión Europea que no han remitido un texto legislativo para trasponer la directiva a los respectivos parlamentos. El plazo para trasponer la Directiva (UE) 2018/1808, que era de 21 meses, finalizó el 19 de septiembre de 2020.
El Gobierno central presentó el 6 de noviembre de 2020 el anteproyecto de la futura Ley general de comunicación audiovisual e inició el trámite de audiencia y de información pública, que acabó el 3 de diciembre.
Al mismo tiempo, el presidente del CAC también ha pedido al Gobierno de la Generalitat que actualice, también urgentemente, la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña (LCA), para adaptarla al nuevo escenario establecido por la directiva.
Loppacher considera que hay que actualizar las dos normativas para ponerlas en línea con el nuevo ecosistema digital. En este sentido, se pretende incrementar la producción audiovisual europea, y en especial la producción catalana, así como fomentar una mayor oferta de contenidos en catalán en los servicios a petición. También pide dotar de más competencias al regulador catalán para proteger a las personas menores de edad y evitar el discurso de odio en las plataformas.
Más inversión en producción y más diversidad
En cuanto a la producción audiovisual, Loppacher ha pedido incrementar hasta el 10% la contribución financiera de las plataformas de vídeo bajo demanda, como por ejemplo Netflix, a la producción europea, en la línea de los países de nuestro entorno.
“La previsión que plantea el Anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual del Estado, que es del 5%, es claramente insuficiente y no se corresponde con la penetración de estas plataformas en el mercado audiovisual. Hay que incrementar esta contribución hasta el 10%, en la línea de países como por ejemplo Francia (entre un 20 y un 25%), Austria (20%) o Italia (entre un 12,5% y un 20%)”, ha afirmado Loppacher, que ha añadido que, además, hay que establecer medidas normativas para que una parte de esta producción europea sea en lengua catalana.
Cabe tener en cuenta que, según el último boletín cuatrimestral (BIAC) del CAC, publicado el 4 de febrero, el 63,2% de los catalanes consume contenidos audiovisuales bajo demanda. Las principales plataformas de vídeo bajo demanda a través de la tecnología OTT (Over The Top) son Netflix (con 1.500.600 hogares abonados en Cataluña), Amazon Prime Video (814.875 hogares), HBO (396.675 hogares) y Disney+ (236.775 hogares), según datos de la tercera oleada de 2020 del EGM.
“Hay que adoptar medidas para potenciar la industria audiovisual local y para ello las grandes plataformas deben aumentar su contribución a la financiación de la producción propia, y hay que garantizar que una parte de esta producción sea en la lengua propia de Cataluña”, ha dicho Roger Loppacher.
Asimismo, el presidente del CAC también ha reclamado que el anteproyecto de ley del Estado “haga efectiva la diversidad cultural y lingüística, y prevea medidas para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a una oferta de contenidos en la lengua propia que sea equivalente a la realidad lingüística de Cataluña”.
Hay que tener en cuenta que, según el BIAC, una de cada tres personas ha buscado contenidos en catalán en las plataformas y no ha encontrado ninguno. En este sentido, según un informe del CAC, únicamente el 0,5% de los contenidos de Netflix son en lengua catalana.
Alegaciones al anteproyecto del Estado
El Pleno del CAC aprobó en diciembre un acuerdo con alegaciones al Anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual, que pretende trasponer la Directiva 2010/13/UE. En las alegaciones, el CAC pide hacer efectiva la diversidad cultural y que el 50% de la cuota de obras en lenguas del Estado español se destine a obras audiovisuales en catalán, vasco o gallego, dada la situación de precariedad de estas lenguas en el ámbito audiovisual, o, como mínimo, un porcentaje que se corresponda con el peso poblacional del conjunto de territorios con lenguas cooficiales.
Por otra parte, se reclama una presencia mínima de la lengua catalana en el catálogo de los servicios televisivos a petición. Según el anteproyecto, estos servicios deberán garantizar una cuota mínima del 30% de su catálogo a obras audiovisuales europeas y, de esta cuota, el 50% tendrá que ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas de las comunidades autónomas.
El CAC subraya que en el anteproyecto no se introduce ningún porcentaje concreto para lenguas cooficiales diferentes de la castellana. Por lo tanto, reclama que, de dicho 50% reservado a lenguas oficiales en el Estado español, el 50% sea para el catalán, el vasco o el gallego.
En relación con la prominencia de estas obras (es decir, que aparezcan de forma destacada), el CAC pide que en el anteproyecto se definan, tal y como faculta la Directiva, los contenidos de servicio público y los contenidos en catalán, vasco o gallego, como contenidos de interés general, puesto que contribuyen y son reflejo de la diversidad cultural y, por lo tanto, dichos contenidos deberían tener prominencia en los servicios a petición.
Asimismo, el CAC considera que en el anteproyecto se debería prever que los catálogos de los servicios de vídeo a petición incorporaran las versiones ya dobladas o subtituladas al catalán de sus obras.
Por otra parte, el CAC considera también que varias disposiciones del anteproyecto se superponen con competencias exclusivas de la Generalitat en cuanto al ámbito audiovisual, especialmente en relación con la organización de los prestadores del servicio público audiovisual.
En las alegaciones, el CAC hace patente también la necesaria colaboración, prevista y promovida por la Directiva, entre las diferentes autoridades audiovisuales independientes existentes en el Estado, para alcanzar los objetivos perseguidos. En este sentido, el CAC expresa la necesidad de establecer el principio de colaboración entre las diferentes autoridades como un eje básico de relación.
En concreto, se pone de relieve que las tareas realizadas y la experiencia lograda en estos últimos años por instituciones como el CAC permiten aportar conocimientos, especialmente en materia de protección de las personas menores de edad, discurso de odio, publicidad encubierta, desinformación o alfabetización mediática.
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